Paremos todos la agresión fascista de la Ley Mordaza

The Black Cone, First Monument to Civil Disobedience | Santiago SIERRA (Imagen estraída de ArtNow)

“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”

Inscripción en First Monument to Civil Disobedience (primer monumento a la desobediencia civil) frente al Parlamento de Reykjavick, obra de Santiago Sierra

La cita está extraída de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793 que posteriormente fue incluida en la Constitución francesa del mismo año. Corrían aires de revolución francesa. Tres años antes de que se colocara la escultura, la Policía islandesa reprimía violentamente en ese mismo lugar una pacífica protesta ciudadana que exigía responsabilidades a políticos y banqueros por el caos financiero. Aquella protesta marcó el inicio de los posteriores cambios políticos y sociales vividos en este país nórdico. Fue la cuña de fuego que inició el deshielo. 

El pasado 1 de julio España retrocedió 40 años. El 1 de julio entró en vigor una de las leyes más fascistas y antipopulares que se han aprobado en estos años de impúdica transición y engañabobos postfranquista mal llamada democracia española. Es la ya infame y esperemos, a partir de diciembre, derogada, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. O como la hemos conocido en los medios y en las redes, La Ley Mordaza.

En la situación actual, en la coyuntura que estamos padeciendo existe un miedo (el miedo está cambiando de bando) por parte del poder de perder ese mismo poder, y el combate para evitarlo se efectúa a través del miedo. Y una buena herramienta de miedo y la represión es está reforma del Código Penal, que nos despoja de lo poco que tenemos ya (ahí han trabajado para la oligarquía la educación como dispensario de obreros y no como cuna de ciudadanos libres, y por supuesto la televisión) de pensamiento crítico. Somos señalados y criminalizados porque nuestro pensamiento, nuestra ideología, es diferente a la de los que gobiernan el mundo. Es en ese punto donde encontramos la intencionalidad política de este reglamento insultante para una sociedad del siglo XXI, para una supuesta democracia europea.

Entrando un poco en materia sobre la legislación que entro en vigor el pasado día 1 tenemos cambios sustanciales en cuanto a la aplicación de el Código Penal. El más importante sin duda es la implantación de la Cadena Perpétua, junto a la revisión de la libertad condicional que deja de contar como período cuantificable de pena, puesto que funciona a partir de ahora como una suspensión de la pena. Ambas normativas vienen a despojar de reinserción al sistema penitenciario español, lo que sumado a una población reclusa, mayoritariamente proveniente de los estratos sociales más bajos y con el nivel de estudios más bajo de todas las poblaciones de reclusos de la UE, convierte nuestras cárceles como un museo vivo y real de lo que eran las cárceles de mediados de siglo.

Además desaparecen las faltas, convirtiendo en delito los hurtos (robos sin violencia de menos de 400€). Más allá de poner cerco a las bandas de carteristas que hacen sus agostos en las calles y metros de las grandes ciudades, parece una ley ad hoc para que los señores Mercadona y El Corte Ingles respiren tranquilamente y puedan seguir reclamando mayores beneficios para si mismos con los derechos laborales o lo que se les antoje. Curiosamente, un hecho luctuoso como el menudeo de pequeñas cantidades de droga no aparecen bajo este epígrafe, quizás y sólo quizás porque ese tráfico se circunscribe a los barrios obreros y barriadas marginales de la periferia de las ciudades españolas.

Entrando ya en la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana una vez más sale a relucir ese extraño talento del político españistaní de legislar a golpe de telediario. Casos explotados mediáticamente por los medios del capital, como los de “Marta del Castillo” o los “Niños de Córdoba” entran a formar parte del cuerpo legal del texto, incluso con descripciones en el desglose de posibles causas que hacen que identifiquemos a la víctima según los leemos. Lamentable, que a un texto legal, reconocido por los propios juristas, como horrendo desde el punto de vista técnico, añadan toda la carga moral y la presión social por execrables delitos cuyos autores se valieron para su defensa de otras normativas y reglamentos mediocres redactados anteriormente. Parece, que no aprendemos.

Para seguir con la estela de tropelías a la decencia y la calidad democrática de un estado, el nuevo marco legal aprobado con la mayoría absolutista del #PartidoPutrefacto plantea la extinción como delito de la malversación (uso privado de bienes públicos) aunque no provoque perjuicio económico, toda vez que ahora, el culpable (demostrado ya que a este punto llegaríamos cuando la sentencia se ha redactado a años a..) puede eludir la prisión y las sanciones (multas o inhabilitaciones) toda vez que devuelva lo usurpado o si colabora para descubrir redes corruptas en las administraciones.

Han introducido, y los medios del capital no han reparado en gastos para promocionarlo, un delito de financiación ilegal de partidos políticos, añadida a la Ley de Financiación de Partidos que también entro en vigor el día 1. Lamentablemente todo este cuerpo legal mantiene y favorece las condiciones con la que el #PartidoPutrefacto monto una Caja B, o el #PPSOE un Filesa, ya que a la ausencia de controles externos, transparentes y públicos, mantiene los mecanismos por los que estos partidos han ido recibiendo cantidades de dinero (asociaciones, fundaciones etc.); y además, se sigue sin perseguir al corruptor: El empresario o persona o grupos de personas con intereses específicos en una materia que ese partido político va a legislar y ejecutar desde una institución o varias. Una vez más, un efecto de maquillaje que sigue sin solucionar las arrugas que son grietas en el cuerpo democrático de #Españistan.

Para mayor escarnio y vergüenza nacional otra de las medidas que entraron en vigor con los calores de julio han sido la legalización de las Expulsiones en Caliente, sin atender a razones de lesa humanidad, a la supervivencia de los derechos humanos o de la misma Constitución violada que sufrimos en esta doliente tierra. A esta directiva del ultra que tenemos por ministro del Interior ya aprobada de facto y puesta en marcha desde abril, sólo se le puede calificar de fascista y contraria a los derechos humanos. Que un país, como éste, que lleva 5 años echando a sus mejores jóvenes para que sean mano de obra barata en el Norte de Europa, aplique una normativa que excluye los derechos de los refugiados o la atención a los heridos en el mismo hecho migrante es bochornoso e indigno. Pero claro, poco podíamos esperar del ministro que decidió llenar de cuchillas las alambradas o autorizo de facto el lanzamiento de pelotas a personas que trataban de llegar a aguas españolas a nado. Un sin vergüenza de misa diaria; un fascista de rosario. Un inmoral que esperemos acabe con sus huesos en la cárcel.

Y ahora vamos al asunto en cuestión. En un contexto de estafa económica llamada crisis, de socialización de las pérdidas del ejercicio especulativo bancario. De recortes en sanidad, educación o servicios sociales. Con una corrupción y redes clienterales pudriendo todo el estado. Y ahora con cada vez más ciudadanos y ciudadanas informándose,compartiendo, colaborando y movilizándose llega esta ley con ganas de quedarse para amedrentar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta, a la reivindicación, la resistencia y la coherencia con unos principios democráticos y libertarios.

La imposición de sanciones por hechos que la ley no contempla, así como las identificaciones masivas e indiscriminadas y la confección de listas negras de disidentes conforman la materia prima de cualquier dictadura. Con esos materiales se acosa y se intenta amedrentar las protestas sociales que no se pueden domesticar y que, por tanto, preocupan al poder real. Es decir, a los grandes consorcios financieros, energéticos, bancarios… Esta clase de protestas de ciudadanos insurrectos e indignados alarman a esos grandes poderes ya que los ciudadanos comienzan a comprender que deben unirse, organizarse y no aguantar impasibles que les roben. Por más que el saqueo se disfrace de legalidad.

La Ley Mordaza es la respuesta que usando al estado dan las élites económicas y los poderes fácticos de toda la vida para que todo siga igual. Para que ninguna protesta afee su trabajo en eso de dar todo para unos pocos y dejar las migajas para los demás.

Henry David Thoreau. Ghandi. Rosa Parks. Lech Walesa. Todos ellos podrían ser detenidos, incomunicados y condenados a pagar una suerte de multas económicas que vienen a parar la movilización ciudadana que desde mayo de 2011 trata de recuperar algo de dignidad para este país podrido. Defender el derecho a la vivienda, al acceso a la información libre, una educación pública, laica y de calidad, una sanidad universal, un tratamiento justo y humano a los sin papeles y los que sufrimos las consecuencias de un empleo precario, y todos quienes creemos en una sociedad mejor más humana, solidaria y colaborativa, en definitiva, en una democracia plena quienes vamos a tumbar esta nueva agresión fascista del capital

La Ley de Seguridad Ciudadana otorga a la administración y las fuerzas de seguridad (ojo, nunca a los jueces y la justicia) herramientas disuasorias en forma de multas e impunidad para la violencia policial que servirán para evitar y reprimir manifestaciones o su convocatoria (protestas frente al Congreso de los Diputados, en instalaciones de servicios básicos o infraestructuras clave, la resistencia pacífica a la autoridad, parar desahucios, escraches, recogidas de firmas,...). Con normativas como las sanciones por grabar a policías o directamente la criminalización de conductas propias y habituales en manifestaciones como la resistencia pasiva, acudir con el rostro tapado, o compartir y retuitear convocatorias, que terminen en disturbios, aunque uno ni haya participado o desconozca ese resultado final. Todo ello redactado de manera vaga y oscura abriendo el texto legal a la utilización partidista por parte de las subdelegaciones de gobierno y otorgando a los agentes de policía, los anti disturbios la mayoría de las veces, a que operen como jueces, y dándoles mayor protección y autoridad para dispensar sus brutales castigos.

Fraga en plena dictadura dijo que la calle era suya, y Rajoy apela a la “mayoría silenciosa” para salvaguardar cierto estado de conformidad con lo que acontece en este país y en la Europa del capital. Pero si algo hemos demostrado, todos estos años de lucha en las calles, protestas e incorreccional actitud frente a los abusos del poder es que la calle es el territorio de la ciudadanía, de su debate público de ideas y si es necesario del altavoz para el clamor contra las políticas fascistas y neo liberales que nos llevan al derrumbe social, ecológico y humano.

Esta ley será derogada, o quizás antes el Tribunal Constitucional (que no son una banda antisistema, precisamente, sino más bien un organismo pro-sistema) la elimine por anti constitucional, pero antes, somos nosotros quienes tenemos el verdadero poder para cambiar las cosas, y por eso no vamos a consentir, no vamos a refrendar sus leyes con nuestro silencio. No vamos a tolerar que nos etiqueten como “ciudadanos dormidos” que favorecen por omisión leyes como esta, que castiga la pobreza, la solidaridad y la protesta.

Así me posicionó sin miedo ni temor a seguir actuando como he estado haciendo los últimos meses, es decir, desobedeciendo activamente la Ley Mordaza, y a clamar en todo momento #StopLeyMordaza.